Bolivia: en 2018 se registraron 65 ataques a la prensa, el Estado es el principal agresor
Hubo 732 reportes de atentados en contra de la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela; 44 tuvieron que ver con discriminación de género.
Madeleyne Aguilar A / Página Siete. La Paz
El Estado es el principal agresor de los periodistas en ocho países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, señala el informe de 2018 que realizó el colectivo de la sociedad civil Voces del Sur. Para el caso boliviano, la mayoría de los ataques, 21 de 65, fueron por “discurso estigmatizador”.
Organizaciones de la sociedad civil (OSC), miembros de Voces del Sur, reportaron 732 alertas contra la libertad de expresión entre enero y diciembre del año pasado. “404, un alarmante número, pertenecieron a ataques, teniendo al Estado como el principal perpetrador”, revela el informe publicado en julio de 2019.
El estudio consideró 12 indicadores: asesinatos, secuestros, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, tortura, agresiones y ataques, discurso estigmatizador, acceso a la información, procedimientos judiciales en contra de medios de comunicación y periodistas, uso abusivo del poder estatal, marco jurídico contrario a las normas y restricción de internet.
“No son sólo crímenes, requieren especial consideración dada la naturaleza pública del trabajo periodístico. Representan violaciones al derecho de la sociedad a estar informada. El periodismo independiente y el ambiente propicio que ello requiere son pilares de la democracia”, se enfatiza.
El objetivo de la investigación es verificar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda para 2030 de las Naciones Unidas. Los indicadores en común están basados en el ODS 16, que se enfoca en proteger las libertades fundamentales, asegurar la seguridad y la protección a periodistas.
“Los periodistas están también sujetos a violencia, intimidación y abuso, la mayoría de los cuales ocurre mientras se reporta sobre intereses especiales de los grupos de poder”, detalla el documento de Voces del Sur.
En los ochos países del estudio, “las agresiones y ataques fueron las alertas más recurrentes en 2018, seguido de las relacionadas con el uso abusivo del poder estatal y el acceso a la información”.
Las 65 alertas en Bolivia
En 2018 Bolivia, se registraron 65 casos de agresiones a la prensa. Con 21 alertas, el tipo de ataque más frecuente es el “discurso estigmatizador”. Esta categoría se refiere a insultos o arremetidas a la reputación de los periodistas o medios provenientes de servidores o figuras públicas importantes. También contempla las campañas sistemáticas que apuntan a la desacreditación.
En esta línea, en el país también se registraron 12 casos de abuso del poder estatal y tres por acceso a la información. Según el informe, en 46 casos (de os 65 en total) el perpetrador fue el Estado. En cinco hay indicios de incidentes por discriminación de género.
El informe incluye además datos de algunos de los países más peligrosos para ejercer el periodismo como Nicaragua, con 234 alertas registradas en 2018 y Venezuela, con 196. Mientras que también hay otros países con índices más bajos como Uruguay (12 alertas) y Perú (13 alertas).
Las OSC de Latinoamérica que reportaron los ataques fueron: Instituto Sociedad y Prensa de Perú y Venezuela, Asociación Nacional de Prensa de Bolivia, Fundamedios de Ecuador, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de Uruguay, Comité por la Libertad de Expresión de Honduras, y Foro de Periodismo Argentino y finalmente la Fundación Violeta Barrios de Chamorro de Nicaragua.
La Asociación Nacional de la Prensa registró 18 de agresiones en lo que va del año
La Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) registró 18 casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación en los primeros siete meses el año. Ataques verbales de funcionarios de los distintos niveles de gobierno encabezan la lista de acciones que afectan al trabajo periodístico.
En enero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, acusó a los periodistas de “manipular la información”. El gobernador del departamento de Chuquisaca, Esteban Urquizu (MAS), acusó a los medios de discriminación y desafió específicamente a Página Siete a entrevistarlo en quechua.
En Cochabamba hubo una amenaza de muerte a un periodista de Los Tiempos y otra de una hacer explotar una bomba en el diario Opinión. En Guayaramerín, la alcaldesa, Helen Gorayeb, acusó al periodista del “Canal 8 Bambú” Edwin Neira de “acoso mediático, político y psicológico” por un trabajo de investigación.
En febrero un equipo del diario Los Tiempos fue retenido por dos horas en Capinota.
En abril la reportera de la radio Éxito fue agredida en un enfrentamiento entre conductores y Yolanda Limpias fue retenida por la fuerza por el fiscal José Fernando Riojas. Johana Tapia de ATB-Cochabamba sufrió un traumatismo encéfalo craneal en un conflicto.
Los periodistas Galo Hubner Mamani, de radio FM Bolivia, y Gonzalo Rivera, del programa Encontrados de radio Líder, fueron acusados de alentar los enfrentamientos entre productores de coca de los Yungas por informar sobre un conflicto. También por su trabajo periodístico, Alberto Ruth Justiniano, director del programa de televisión Camino del Delito, recibió una llamada “cuestionadora” del comandante de la Policía de Santa Cruz.
En Mayo el ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz llamó al periodista de El Deber Guider Arancibia. Le reclamó, acusó y amenazó por un artículo sobre presuntos vínculos de narcotráfico con autoridades del Gobierno boliviano.
Otra denuncia advirtió que la agenda y cuestionarios de entrevistas con autoridades gubernamentales eran revisadas, direccionadas y aprobadas por el Ministerio de Comunicación.
En junio, en las protestas de los productores de coca una periodista del matutino El Diario fue atacada por los movilizados con petardos. Día después la senadora oficialista Argene Simoni acusó de “acoso político” a la jefa de noticias de Radio San Miguel de Riberalta en Beni, Carmen Ruelas, quien denunció irregularidad en varios contratos municipales.
En julio, varios choferes sindicalizados atacaron a una periodista de La Razón. El primero de agosto un grupo de cocaleros amenazaron al periodista de El Deber, Marco Chuquimia.
La publicación de Pagina Siete puede verse en el siguiente link: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2019/8/26/bolivia-en-2018-se-registraron-65-ataques-la-prensa-el-estado-es-el-principal-agresor-228690.html
