Comunarios amenazan a periodista en Sud Yungas

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Los estudios de la emisora yungueña Radio FM Bolivia.

La Paz, 04 may (ANP) – Comunarios del municipio de Yanacachi, en la región de Sud Yungas de La Paz, resolvieron suspender las actividades del corresponsal de Radio FM Bolivia, David Quintanilla, y amenazaron con “otras acciones”, denunció el director del medio, Galo Hubner Mamani.

Mamani informó a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP-Diarios) que el sábado 2 de mayo, la Federación Especial de Trabajadores Campesinos de Yanacachi aprobó un voto resolutivo que advierte con “determinaciones drásticas” contra el periodista.

El corresponsal es acusado de emplear su condición de periodista para “crear división y mellar la dignidad del municipio” a través del reporte de noticias con “verdades a medias”

En el documento señalan que “No nos hacemos responsables los comunarios Centrales que se tomen otras acciones”.

Hubner rechazó las amenazas, la coacción, y el atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la información y exige a la Federación Especial de Trabajadores Campesinos de Yanacachi aclare cuáles son las “medias verdades” atribuidas al periodista Quintanilla.

Pidió garantías para el trabajo del periodista y afirmó que la radioemisora continuará cumpliendo su deber de informar desde la región de los Yungas.

Advirtió que “en caso de –que el periodista Quintanilla- sufra algún daño, lesión o atentado, serán responsables los firmantes de la mencionada resolución”.

Las sanciones aprobadas por los comunarios fueron conocidas luego de la aprehensión del alcalde de Yanacachi, Wilfredo Cossío, en la tarde del viernes 1 de mayo, por la supuesta venta de permisos de circulación de vehículos durante la cuarentena que restringe el tráfico de motorizados. Radio FM Bolivia informó de estos hechos a sus audiencias.

El Fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que se emitió la resolución de imputación formal en contra del Alcalde del municipio de Yanacachi, por los delitos de “uso indebido de influencias, concusión e incumplimiento de deberes, presuntamente cometidos durante la cuarentena por el Coronavirus.

La venta de permisos de circulación contraviene el Decreto Supremo 4200, donde se establece que las autorizaciones únicamente son emitidas por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno.