Gobierno presenta video para desvirtuar denuncias

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La Paz, 15 dic (ANP)  – Un video dirigido por el argentino Andrés Salari, por encargo del Ministerio de la Presidencia de Bolivia, responsabiliza a periodistas independientes de promover  una campaña de difamación contra el presidente Evo Morales y el ministro Juan Ramón Quintana a través de denuncias sobre presunto tráfico de influencias y otros casos.

El audiovisual titulado El cártel de la mentira, presentado anoche en La Paz y otras ciudades, atribuye la derrota del presidente Morales en el referéndum del pasado 21 de febrero, a una “ofensiva conservadora” apoyada en una “estructura de medios” orientada a desprestigiar al mandatario y sus colaboradores.

Los periodistas Amalia Pando, Raúl Peñaranda, Juan Carlos Salazar y Carlos Valverde; los diarios El Deber, Los Tiempos, Correo del Sur, Página Siete, la Agencia de Noticias Fides (ANF) y radio Erbol fueron señalados como responsables de difundir al menos nueve denuncias sobre tráfico de influencias, la presunta existencia de un hijo de Morales y la empresa Gabriela Zapata, un caso de estupro, y otros que se describen en la producción de una hora y 40 minutos.

El argumento conduce a desmentir las versiones ampliamente difundidas por los medios y que involucran a Zapata, familiares y su ex defensor legal Eduardo León, actualmente detenidos, por afirmar que Morales y la empresaria son padres de un niño. En el video se observan las versiones del propio Presidente que admite la existencia del menor y los desmentidos posteriores.

Morales perdió el referéndum de febrero pasado cuando el 51,3 por ciento de votantes rechazó la posibilidad de habilitarlo como aspirante a un cuarto mandato. La Constitución Política del Estado (CPE) promulgada por el propio Morales admite la postulación continuada para dos periodos constitucionales.

Partidarios del mandatario aseguran en el video que al demostrarse un “falso lazo sanguíneo” quedan desvirtuadas las denuncias sobre tráfico de influencias. La empresa china CAMCE obtuvo contratos del Estado boliviano por más de 500 millones de dólares y Zapata se desempeñó como ejecutiva de la compañía.

El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles Iporre, lamentó el atropello a la libertad de prensa y a la pluralidad de opiniones “que son la esencia de una sana democracia”.

Expresó solidaridad con los medios aludidos y reconoció en el trabajo de sus periodistas una permanente búsqueda de la verdad para cumplir con el derecho ciudadano a ser informado.