Persecución y detención política afecta a 347 personas en Bolivia
El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín durante la presentación del estudio sobre las detenciones y persecuciones políticas en Bolivia.
Un total de 347 personas enfrentan detención o persecución por motivos
políticos, denunció el exdefensor del Pueblo y director ejecutivo de la Alianza
por la Justicia y Derechos Humanos (AJDH), Waldo Albarracín.
El abogado, también perseguido por defender la vigencia plena de la justicia
y la democracia, presentó ayer, martes 13 de mayo, un estudio titulado
Informe de la investigación y monitoreo sobre las detenciones y
persecuciones políticas en Bolivia, con datos que corresponden al periodo
2008–2024.
Después de varios años de ausencia de la vida pública, Albarracín entregó el
informe que también da inicio a las actividades de la organización orientada
a la defensa de los derechos humanos.
La justicia es una razón de vida y el espíritu de esta investigación hace
énfasis en la reflexión sobre las causas de la persecución política cuando la
política debería ser altruista y los líderes deberían ser los mejores elementos
humanos, los más solidarios, que deberían indignarse ante la injusticia,
comentó.
Los datos obtenidos por AJDH concluyen que en el gobierno de Luis Arce se
persigue y detiene a 267 personas, mientras en el gobierno de Evo Morales
(2006-2019) los casos alcanzaron a 64, y en el gobierno de Jeanine Añez
(2019-2020) se registraron 16 casos.
La falta de independencia judicial es una de las causas de injusticia, señaló al
citar ejemplos en que los gobiernos escribían los fallos que luego eran
presentados por los jueces como propios.
Un debilitamiento de la institucionalidad democrática, una cooptación
político-partidaria del órgano judicial y del Ministerio Público han
contribuido a la pérdida de credibilidad de esta institución ante la población,
según Albarracín.
Hay ciudadanos inocentes en la cárcel y ciudadanos ostensiblemente
culpables están libres, advirtió el abogado.
Los datos de la investigación señalan que el mayor número de víctimas son
civiles, con 82 casos; del gobierno central, con 79 casos que corresponden a
funcionarios públicos y militantes del partido en función de gobierno.
Luego figuran personas de organizaciones sociales con 46 casos; y
organizaciones cívicas con 45. Otros casos suman seis.
Las figuras delictivas más empleadas para la acusación a las víctimas de
persecución son la asociación delictuosa y organización criminal con 78
casos, el daño y destrucción de bienes del Estado con 68 casos, destrucción y
daño al patrimonio del Estado con 59 casos; y terrorismo con 51 casos.
